Responsabilidad política sin condena penal: una pregunta incómoda
La pregunta no es retórica. En los últimos años se ha consolidado en el debate público español una práctica argumentativa cada vez más reconocible: ante investigaciones que afectan a cargos o excargos públicos, la exigencia de responsabilidad tiende a desplazarse hacia el calendario judicial. Unas veces se invoca directamente la sentencia firme; otras se emplean fórmulas más elásticas: «hay que dejar trabajar a la justicia», «no existe condena», «la dimisión equivaldría a admitir culpa», «se está celebrando un juicio paralelo» o «todo responde a una persecución política».
La actualidad ha vuelto a ofrecer un ejemplo útil para pensar esta cuestión. La difusión de informaciones sobre bienes de elevado valor atribuidos a un expresidente del Gobierno, su origen no explicado por completo en un primer momento y las hipótesis sobre su tratamiento fiscal activaron, casi de inmediato, una serie de reacciones públicas orientadas a justificar, minimizar, relativizar o desplazar todo reproche.
No se trata en estas líneas de afirmar que exista delito ni de anticipar una respuesta penal —esa valoración corresponde a los órganos competentes y debe realizarse con pleno respeto a la presunción de inocencia—. Precisamente por eso, no voy a realizar un ejercicio de especulación jurídico-penal, sino a centrarme en observar la reacción.
Las primeras líneas defensivas fueron reconocibles: herencias, regalos de viajes, almacenamiento por razones domésticas, falta de caja fuerte en el domicilio, necesidad de esperar, juicios paralelos, pena de telediario o ambiente político hostil. Después apareció una segunda capa, la minimización del valor económico; cuando la tasación elevó considerablemente la cuantía atribuida a las piezas, la defensa pública mutó hacia un terreno más sofisticado —posible origen institucional extranjero, prescripción del eventual delito, ausencia de contrabando o falta de recorrido penal—.
Lo relevante no es que existan argumentos de defensa, algo que ocurre en cualquier escándalo político, sino la estructura de esa defensa: no se discute necesariamente el hecho central —la existencia de joyas valiosas necesitadas de explicación pública suficiente—, sino su significado. El problema se domestica narrativamente: primero se convierte en una cuestión familiar o patrimonial y, si esa vía no basta, se transforma en un problema de prueba, de calendario, de tecnicismo penal, de comparación con otros o de exposición mediática ilegítima.
Ahí comienza el interés criminológico que pretendo abordar: no se trata del escándalo, sino del mecanismo.
Del caso concreto al patrón general
Asimetría discursiva: la variación significativa en la intensidad del reproche, el lenguaje utilizado, el estándar de responsabilidad exigido y la consecuencia política reclamada según la identidad del sujeto afectado.
El primer movimiento metodológico debe consistir en evitar que el caso de actualidad absorba todo el análisis. El caso sirve como detonante, no como objeto exclusivo de la publicación: permite captar la atención y mostrar que la reflexión no nace en abstracto, sino a partir de una práctica política real. Pero si el análisis se queda en una persona concreta, en un partido determinado o en una causa específica, pierde fuerza doctrinal y queda atrapado en la coyuntura.
La pregunta relevante, en mi opinión, no es solo si unas joyas fueron heredadas, regaladas, adquiridas o declaradas —todo eso puede ser decisivo para el proceso correspondiente—. Desde la perspectiva criminológica me interesa otra cuestión: ¿cómo se administra públicamente el reproche cuando la conducta potencialmente delictiva afecta a un actor situado en una posición relevante de poder?, ¿por qué reaccionamos de manera tan distinta ante conductas semejantes según quién sea el protagonista?
Este cambio de foco permite pasar del hecho al criterio de valoración: ya no se analiza únicamente qué ocurrió, sino cómo se explica; no solo qué se reprocha, sino cuándo se reprocha; no solo qué estándar se exige, sino a quién se le exige.
Podríamos pensar en este fenómeno como una manifestación de hipocresía, aunque esta categoría resulta poco precisa para el análisis más allá de señalar la falta de coherencia entre los valores que se proclaman y los que efectivamente orientan la conducta. Encuentro más precisa la categoría de asimetría discursiva: la variación significativa en la intensidad del reproche, el lenguaje utilizado, el estándar de responsabilidad exigido y la consecuencia política reclamada según la identidad del sujeto afectado.
Cuando el caso afecta al adversario, el tiempo político se acelera; cuando afecta al propio grupo, el tiempo legítimo pasa a ser el judicial, cada vez más ralentizado, por otra parte.
Cuando el caso afecta al adversario, el tiempo político se acelera; cuando afecta al propio grupo, el tiempo legítimo pasa a ser el judicial, cada vez más ralentizado, por otra parte. En el primer supuesto aparecen la exigencia inmediata de dimisión, la apelación a la ejemplaridad, la regeneración democrática y la defensa del patrimonio público; en el segundo se imponen la espera, la cautela, el reproche al mensajero, la presunción de inocencia o la denuncia de persecución.
La cuestión, por tanto, podríamos formularla así: ¿existen mecanismos discursivos que reducen, aplazan o desplazan el reproche político cuando la conducta cuestionada afecta a miembros de determinadas élites políticas o institucionales? Si la respuesta es afirmativa, nos encontramos ante un problema más profundo que cualquier escándalo aislado: una forma de distribución selectiva del desvalor.
Patrimonio público, regalos y deber de contribuir
La conexión con el patrimonio público exige una precisión conceptual. No toda posesión de bienes valiosos compromete el interés público: tener joyas, patrimonio elevado o bienes de lujo no es, por sí mismo, ilícito ni políticamente reprochable. La riqueza no es un delito, como tampoco lo es recibir un regalo, heredar bienes o conservar patrimonio privado de alto valor. La cuestión cambia cuando el origen de esos bienes, su tratamiento fiscal, su eventual conexión con el cargo o su falta de trazabilidad pueden afectar a deberes jurídicos, institucionales o políticos relevantes.
Desde una concepción funcional, el patrimonio público no debe entenderse únicamente como el conjunto de bienes formalmente pertenecientes a la Administración, sino también como el conjunto de bienes y derechos adscrito al cumplimiento de fines públicos. Esta idea permite conectar patrimonio público, Estado social y deber de contribuir: los recursos públicos no existen para alimentar una contabilidad abstracta, sino para financiar servicios públicos, sostener políticas sociales, mantener infraestructuras y hacer posible la actividad del Estado social y democrático de Derecho.
Desde esta perspectiva, la corrupción pública no debe leerse como una suma de meros incumplimientos individuales. Puede comprometer la capacidad material del Estado para satisfacer el interés general.
Si un bien fue recibido por razón del cargo, puede plantearse su eventual incorporación al patrimonio público cuando supera los usos habituales, sociales o de cortesía; si fue recibido a título personal, puede surgir una obligación fiscal derivada del incremento patrimonial.
Esto permite matizar la cuestión de los regalos. Si un bien fue recibido por razón del cargo, puede plantearse su eventual incorporación al patrimonio público cuando supera los usos habituales, sociales o de cortesía; si fue recibido a título personal, puede surgir una obligación fiscal derivada del incremento patrimonial. En cualquier caso, la clave no está en afirmar de manera anticipada cuál de estas hipótesis es correcta, sino en observar cómo se reacciona públicamente ante la posibilidad de que el patrimonio público, el deber de contribuir o la confianza institucional hayan sido afectados.
De ahí que fórmulas como «tener joyas no es delito» o «todos los presidentes reciben regalos» resulten insuficientes: pueden ser ciertas en abstracto, pero no responden al problema completo. La cuestión no es la posesión del bien, sino su origen, su justificación, su tratamiento fiscal, su eventual conexión con el cargo y la coherencia entre el discurso público de defensa de lo común y la práctica individual de quienes han ejercido responsabilidades institucionales.
Diferencia entre responsabilidad política y penal
Uno de los grandes desplazamientos del debate público consiste en convertir toda discusión sobre responsabilidad política en una discusión sobre responsabilidad penal. El movimiento es eficaz porque parece garantista: nadie debe ser condenado sin un proceso penal con todas las garantías, y esto exige que nadie sea tratado como culpable antes de tiempo. La presunción de inocencia constituye una garantía irrenunciable. Sin embargo, la responsabilidad política no es responsabilidad penal.
La responsabilidad penal exige la realización de una conducta tipificada como delito, antijurídica, culpable y, en su caso, punible. Opera como ultima ratio, porque representa la forma más intensa de control social del Estado, y sus tiempos son necesariamente más lentos por las formalidades del proceso penal; es decir, por las garantías.
Puede existir responsabilidad política sin delito; puede existir absolución penal y subsistir una valoración política negativa de determinados hechos.
La responsabilidad política responde a otra lógica: no exige necesariamente la constatación de un delito, sino que se vincula a la confianza, la ejemplaridad, la coherencia institucional, la rendición de cuentas y la compatibilidad entre la conducta conocida y la permanencia en una posición pública. Puede existir responsabilidad política sin delito; puede existir absolución penal y subsistir una valoración política negativa de determinados hechos.
Por ello, condicionar toda responsabilidad política a una sentencia penal firme supone alterar el sistema de controles: el estándar penal coloniza la esfera política y la rendición de cuentas se difiere durante años. Para cuando llega la sentencia firme, los actores pueden haber abandonado sus cargos, el escenario político puede haber cambiado y el reproche social puede haberse diluido.
No se trata de defender dimisiones automáticas ante cualquier denuncia o información periodística —esa posición es tan peligrosa como la contraria, porque incentivaría el uso estratégico de la sospecha—. La cuestión debe ser más precisa: no toda sospecha exige una dimisión, pero tampoco toda responsabilidad política debe quedar bloqueada hasta que el Derecho penal agote su recorrido.
Y es que la equiparación discursiva entre ambas responsabilidades puede operar como una técnica de neutralización institucional cuando se emplea para diferir la valoración política de hechos relevantes hasta el momento tardío de la sentencia penal firme. El problema, por tanto, no es la prudencia, sino su uso selectivo.
Esperar a la sentencia firme: ¿prudencia o neutralización?
Una cosa es que exista judicialización estratégica de la política; otra, muy distinta, es esgrimir esa realidad de manera selectiva para desactivar todo reproche cuando el afectado pertenece al propio grupo.
La tendencia a esperar al juez no pertenece a un solo partido, y ahí reside precisamente su interés. En la experiencia política española reciente pueden encontrarse casos, de distinto signo ideológico y diferente gravedad, en los que el investigado o su entorno desplazan la responsabilidad hacia el calendario penal: esperar a la sentencia firme, dejar trabajar a la justicia, evitar juicios paralelos, no dimitir para no admitir culpa o denunciar una cacería.
El patrón aparece en organizaciones distintas y con vocabularios diferentes —el «lawfare», la guerra sucia, la pena de telediario, la presunción de inocencia, la ausencia de condena firme—: la gramática cambia, pero la función parece ser semejante, aplazar la consecuencia política y convertir la permanencia en el cargo en una extensión defensiva del propio investigado o de su grupo.
Me detengo brevemente en formular una precisión para evitar malentendidos. Que estas fórmulas operen a veces como coartada no significa negar la realidad de los fenómenos que invocan. El «lawfare», en particular, es perfectamente concebible: designa el desplazamiento de la contienda política al terreno jurídico —la judicialización del debate— para neutralizar al adversario fuera de su campo idóneo, el del enfrentamiento de ideas y su argumentación pública. Como concepto es legítimo y su existencia, perfectamente posible.
De hecho, existe. Tanto es así que una línea de investigación sugerente sería examinar su relación con la acusación popular ejercida por partidos o entidades de carácter político. Lo que aquí me interesa no es, por tanto, el «lawfare» como realidad, sino su invocación como máscara: el uso retórico de la denuncia de persecución para que, bajo su amparo, opere la neutralización. La distinción, creo, es importante. Una cosa es que exista judicialización estratégica de la política; otra, muy distinta, es esgrimir esa realidad de manera selectiva para desactivar todo reproche cuando el afectado pertenece al propio grupo.
El mecanismo tiene al menos cuatro manifestaciones recurrentes.
La primera es la juridificación de la responsabilidad política: en vez de discutir si la permanencia erosiona la confianza institucional, el debate se desplaza a si existen indicios o pruebas suficientes o válidas, a qué fase procesal se ha llegado, a si cabe recurso o a si existe sentencia firme.
La segunda es la victimización del investigado: la conducta deja de ser el centro del debate y pasa a primer plano la supuesta agresión externa —campaña, persecución, «lawfare», cacería, guerra sucia o juicio paralelo—. Aquí es donde la denuncia de «lawfare» puede invertir su signo: legítima cuando describe una instrumentalización real de la justicia, se vuelve neutralizadora cuando se invoca sin sustento para blindar al investigado.
La tercera es la equiparación de la dimisión a una confesión: según esta lógica, renunciar al cargo equivaldría a admitir culpa, de modo que la responsabilidad política pierde autonomía y queda absorbida por la semántica penal de la culpabilidad.
La cuarta es la moralización selectiva del tiempo: frente al adversario, el tiempo legítimo es inmediato; frente al propio grupo, judicial, prolongado y garantista.
Esta transversalidad es fundamental: si el fenómeno aparece en distintos partidos, no estamos ante una simple crítica partidista, sino ante una hipótesis estructural sobre el funcionamiento de las democracias de partido. Cuanto más se subordina la responsabilidad política al itinerario penal, más fácil resulta neutralizar el desvalor institucional de la conducta.
Técnicas de neutralización en política: cómo se desactiva el desvalor
La teoría de las técnicas de neutralización de Sykes y Matza permite comprender cómo una conducta potencialmente desviada puede ser racionalizada sin negar frontalmente la norma: el sujeto no siempre afirma que la norma sea inválida, sino que, a menudo, sostiene que en su caso no debe aplicarse con toda su intensidad.
En el ámbito político, además, estas técnicas no siempre son utilizadas por el propio investigado. Con frecuencia son terceros quienes neutralizan —portavoces, dirigentes, asesores, periodistas próximos, comentaristas o actores del entorno—, lo que permite hablar de una neutralización vicaria o reactiva.
La apelación a lealtades superiores subordina el juicio sobre el hecho a una causa mayor: proteger al partido, preservar un gobierno, impedir el avance del adversario o defender una misión política considerada superior.
Los registros son reconocibles. La negación de la responsabilidad aparece cuando se insiste en que todavía no se conocen los hechos, en que falta documentación, en que hay que esperar o en que no puede valorarse nada hasta que concluya la investigación. La negación del daño se expresa cuando se minimiza la relevancia del hecho: no hay perjuicio, no es tan grave, otros también lo han hecho o se trata de una práctica habitual. La condena de los condenadores desplaza el foco hacia quienes denuncian, investigan o difunden: el problema ya no sería la conducta, sino la filtración, el medio, el juez, la oposición o el clima político. La apelación a lealtades superiores subordina el juicio sobre el hecho a una causa mayor: proteger al partido, preservar un gobierno, impedir el avance del adversario o defender una misión política considerada superior.
A estas técnicas clásicas pueden añadirse otras especialmente visibles en los escándalos de la élite: la normalización institucional, que presenta la conducta como una práctica extendida —todos reciben regalos, antes se hacía así, en aquel momento no existían las mismas reglas—, y el diferimiento temporal, que aplaza el juicio político hasta una fase posterior —declaración, instrucción, juicio oral o sentencia firme—.
Todas estas técnicas pueden ser legítimas en determinados contextos: el Derecho exige precisión, la prudencia evita condenas anticipadas e infundadas y la crítica al juicio paralelo es necesaria. Pero cuando se activan de forma selectiva, su función cambia: dejan de ser garantías y pasan a operar como mecanismos de neutralización del desvalor según interese.
Profesionalización política y aprendizaje de la indulgencia
La profesionalización de la política ayuda, en mi opinión, a explicar por qué estos repertorios se reproducen. Una parte relevante de los actores públicos desarrollan su trayectoria vital y laboral dentro de partidos, instituciones, gabinetes, u otros organismos vinculados al poder, lo que puede aportar experiencia, sí, pero también genera incentivos de autoprotección.
Cuando la carrera profesional depende de la permanencia en el ecosistema político, la reputación colectiva del grupo se convierte en un bien estratégico.
Cuando la carrera profesional depende de la permanencia en el ecosistema político, la reputación colectiva del grupo se convierte en un bien estratégico: defender al investigado no protege solo a una persona, sino que puede proteger al partido, a la marca electoral, a la mayoría parlamentaria e incluso al gobierno, y construye un estándar de tolerancia que podría ser útil en el futuro.
Varias teorías criminológicas permiten iluminar este proceso. Sutherland, desde la asociación diferencial, recuerda que las definiciones favorables o desfavorables hacia determinadas conductas se aprenden en interacción: en los entornos de poder no solo se aprenden estrategias electorales o técnicas de comunicación, sino también qué prácticas se consideran tolerables, cómo se interpretan los escándalos y qué argumentos deben activarse cuando el afectado pertenece al propio grupo.
Akers, desde la teoría del aprendizaje social, añade que las conductas y actitudes se mantienen mediante refuerzos positivos y negativos: quien cierra filas puede recibir reconocimiento, visibilidad y protección, mientras que quien rompe la disciplina discursiva puede ser percibido como desleal, ingenuo o funcional al adversario.
La pregunta, entonces, no es si cada actor neutraliza porque espera beneficiarse personalmente en el futuro —esa formulación sería psicológica y difícil de probar—, sino si la profesionalización política genera incentivos estructurales para producir discursos que reduzcan los costes reputacionales de las conductas cuestionables cometidas por miembros del propio espacio de poder.
Plutofilia y neutralización reactiva
Esta reflexión enlaza con la propuesta desarrollada en mi trabajo recientemente publicado «Selectividad penal y corrupción pública: el Derecho penal de la plutofilia y la evidencia empírica sobre malversación en España», donde abordaba la hipótesis del Derecho penal de la plutofilia como posible tratamiento diferencial de conductas vinculadas a sujetos con poder económico, político o institucional.
La distinción entre plutofilia motivacional y plutofilia estructural resulta aquí especialmente útil. La motivacional atiende a los incentivos, oportunidades, deseos de acumulación, ventajas materiales o expectativas de enriquecimiento que pueden favorecer determinadas conductas desviadas: se centra en el autor. La estructural desplaza el foco hacia el sistema, pues lo relevante no es solo por qué alguien actúa, sino si las normas, instituciones o prácticas reducen diferencialmente los costes asociados a determinadas conductas cuando son realizadas por sujetos situados en posiciones relevantes de poder.
A partir de esa distinción puede formularse una subcategoría complementaria: la neutralización reactiva. No se refiere al momento de comisión de la conducta, sino al de su descubrimiento público; tampoco se centra únicamente en el autor, sino en los terceros que reaccionan ante el caso. Su función consiste en reducir el desvalor, aplazar el reproche, normalizar el comportamiento, desplazar el foco o disminuir los costes reputacionales del sujeto afectado.
No exige conspiración ni presupone acuerdos secretos o voluntad consciente de favorecer al poderoso: describe un efecto, el de que determinados discursos pueden amortiguar el reproche cuando la conducta cuestionada afecta a integrantes de élites políticas, económicas o institucionales.
Desde la teoría del control social de Hirschi, la cuestión adquiere una dimensión adicional: los mecanismos de control no operan únicamente mediante sanciones formales, sino que también dependen de controles internos, vínculos sociales, desaprobación comunitaria, coste reputacional y expectativa de consecuencias. Si el entorno político y mediático neutraliza el desvalor, el control informal se debilita.
En consecuencia, el privilegio no consistiría únicamente en recibir un trato jurídico más favorable, sino también en recibir un trato político, mediático y reputacional más indulgente.
Razón de partido, lealtades superiores y facta non verba
La referencia al maquiavelismo político puede resultar sugerente, pero conviene manejarla con cautela: como categoría analítica resulta imprecisa si se utiliza para insinuar manipulación consciente o cinismo estratégico. Encuentro más preciso traducir esa intuición a conceptos más operativos —razón de partido, lógica de bloque, polarización afectiva, defensa del poder como bien superior y apelación a lealtades superiores—, cuyo razonamiento implícito puede reconstruirse así: la conducta puede ser reprochable, pero exigir responsabilidad ahora debilitaría al propio bloque y favorecería a un adversario considerado más peligroso; por tanto, lo responsable sería esperar, relativizar o cerrar filas.
Este argumento convierte la neutralización en virtud política: ya no se presenta como encubrimiento, sino como prudencia, responsabilidad o defensa de una causa superior.
Este argumento convierte la neutralización en virtud política: ya no se presenta como encubrimiento, sino como prudencia, responsabilidad o defensa de una causa superior. Y el problema democrático es evidente: si la defensa del bloque se coloca por encima de los mecanismos ordinarios de control, el Estado de Derecho deja de operar como sistema de reglas impersonales y empieza a funcionar como instrumento táctico condicionado por la pertenencia política del afectado.
Aquí encaja la fórmula facta non verba como crítica. No basta con proclamar la defensa del Estado social, de la integridad pública, de la transparencia o de la lucha contra la corrupción: la coherencia exige aplicar estándares semejantes cuando los hechos afectan al adversario y cuando afectan al propio grupo. La doble vara de medir no consiste únicamente en valorar de forma distinta hechos similares, sino en alterar el estándar mismo de responsabilidad según la identidad del sujeto.
Objeciones necesarias
Un planteamiento como este debe anticipar sus objeciones para no convertirse en un alegato coyuntural, algo que, por otra parte, traté de evitar desde el inicio.
La primera objeción es la presunción de inocencia. Exigir prudencia ante una investigación penal no es, por sí mismo, neutralización: es una actitud jurídicamente correcta y necesaria. El problema no es invocar la presunción de inocencia, sino utilizarla selectivamente para bloquear toda exigencia política en casos propios mientras se reclama responsabilidad inmediata en casos ajenos.
La segunda es el riesgo de denuncias estratégicas o lawfare. En contextos de judicialización de la política, no puede exigirse una dimisión automática ante cualquier denuncia; la respuesta debe ser más exigente y valorar la verosimilitud de los hechos, su gravedad, su conexión con el cargo, la existencia de indicios, la contradicción pública del afectado y el deterioro efectivo de la confianza institucional, entre otros elementos.
La tercera es que todos los partidos incurren en estas prácticas. Precisamente por eso la hipótesis no debe formularse contra un bloque concreto, sino como fenómeno transversal de las democracias de partido: si la asimetría discursiva aparece en distintos bloques, el problema no desaparece por una lógica de compensación mediante acusaciones de «tú también lo hiciste» o simplemente de «y tú más», sino que se confirma como rasgo estructural del sistema político.
La cuarta es la difícil prueba subjetiva. No siempre podremos saber si quien neutraliza lo hace por convicción garantista, estrategia partidista o autoprotección, pero la hipótesis estructural no necesita descansar en la intención individual: basta con analizar efectos observables —reducción del reproche, aplazamiento de la responsabilidad, desplazamiento del foco y disminución del coste reputacional—.
En definitiva, la pregunta, como vimos, no es solo quién protagoniza un determinado escándalo, sino por qué determinadas conductas generan niveles tan distintos de reproche según quién las realiza.
Los nombres cambian y los casos también; lo que permanece, en cambio, son los mecanismos descritos.
Únete a mi newsletter y recibe cada mes mis nuevos artículos en tu correo.
Deja una respuesta