Protección de menores en Afganistán ante la crisis humanitaria
En todo conflicto armado, mujeres y niños son considerados por el Derecho internacional humanitario como víctimas necesitadas de especial protección.
En todo conflicto armado, mujeres y niños son considerados por el Derecho internacional humanitario como víctimas necesitadas de especial protección. La célebre Resolución 1325 (2000), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 31 de octubre de 2000, instaba a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales.
Afganistán es un país donde los matrimonios concertados, e incluso forzados, con menores o donde formas de pedofilia, como la perpetrada contra los “bacha bazi”[1], son prácticas culturales fuertemente arraigadas[2]. Situación agudizada más aún por la grave situación económica y la pandemia por la COVID-19: las familias afganas, sumidas en las más absolutas pobreza y desesperación, venden a sus hijas para sobrevivir. En ocasiones con apenas unos meses de vida[3].
Según diversas organizaciones internacionales, 18,4 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria en 2021[4].
En Afganistán se lleva dando durante años un entorno en el que las menores son objeto de matrimonios forzados, abusos sexuales, tráfico ilegal y explotación sexual, entre otras atrocidades.
La protección de menores en Afganistán debe analizarse, además, en un contexto previo de prácticas que afectan especialmente a las niñas. Así pues, en Afganistán se lleva dando durante años un entorno en el que las menores son objeto de matrimonios forzados, abusos sexuales, tráfico ilegal, y explotación sexual, entre otras atrocidades.
En la era de la globalización, lo descrito también afecta a la Comunidad Internacional. Así, además de los más de 3,5 millones de desplazados internos[5], la ONU informó el pasado mes de agosto que esperaba hasta 500.000 refugiados afganos más de los previstos para 2021[6].
En España a principios de octubre, según informaba el Ministerio de Interior, la cifra de peticiones de asilo habría experimentado un incremento del 3.300% en comparación con la del mismo periodo del año anterior[7].
La globalización, la protección internacional y la violencia contra los menores (principalmente niñas) son realidades que exigen una investigación multidisciplinar.
Nuestra legislación prevé la extensión de la protección internacional a la unidad familiar. En este punto, introduzco el objeto de estudio que, en mi opinión, posibilita futuras líneas de investigación en materia de protección del menor. Considerando que:
- La edad núbil en España se elevó de 14 a 16 años.
- La edad para otorgar válidamente el consentimiento sexual se elevó de 13 a 16 años.
- España ratificó el Convenio de Estambul, que reconoce el matrimonio forzoso como una forma de violencia grave contra la mujer.
Esta realidad plantea importantes interrogantes sobre la protección de menores en Afganistán y sobre la respuesta que deben ofrecer los Estados receptores.
No cabe duda de que este fenómeno de actualidad requiere ser investigado desde diferentes disciplinas y perspectivas.
Entre los solicitantes de protección internacional y considerando lo anteriormente expuesto, ¿es posible que existan familias o matrimonios en la situación descrita? ¿Pueden llegar menores que, según nuestro ordenamiento, sean víctimas de abusos sexuales por parte de un cónyuge o un familiar? ¿Y de trata de personas o esclavitud conyugal? ¿Cómo debe responder España ante esta posible realidad? ¿Debe acogerse a las menores en centros especializados? ¿Y si dichas menores tienen hijos con quien en su día las compró o fue forzada a contraer matrimonio?
La protección de menores en Afganistán y de quienes buscan protección internacional fuera del país exige, por tanto, un análisis interdisciplinar..
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