La primera reacción ante algunos de estos casos puede ser desconcierto: ¿por qué complicarse la vida de esta manera por tan poco?
La pregunta resulta especialmente llamativa cuando quien realiza la conducta es un agente policial. No porque quienes integran los cuerpos policiales se encuentren inmunizados frente al delito, sino porque conocen particularmente bien las consecuencias que puede tener infringir la ley. Además de la pena de prisión, la malversación lleva aparejada la inhabilitación especial para empleo o cargo público, también en su modalidad atenuada para perjuicios inferiores a 4.000 euros. Y esa pena, conforme al art. 42 CP, produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recae.
Los casos que veremos proceden de una selección de sentencias dictadas por Audiencias Provinciales españolas en las que aparecen implicados miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y distintos cuerpos de Policía Local. No constituyen una muestra estadística de la corrupción policial ni permiten extraer conclusiones sobre su frecuencia.
El propósito es otro: observar cómo puede aparecer la malversación en situaciones reales del trabajo policial y qué enseñanzas jurídicas y criminológicas pueden extraerse de esos casos.
La malversación policial no constituye una categoría delictiva autónoma, sino una expresión que utilizamos aquí para referirnos a las conductas de malversación producidas en el ejercicio de funciones policiales.
La regulación del delito y sus distintas modalidades ya la hemos abordado con mayor detenimiento al analizar qué es la malversación de patrimonio público. Aquí interesa bajar de la norma al terreno.
Malversación policial: cuando el dinero pasa por las manos del agente
Una primera tipología aparece en algo tan cotidiano como manejar dinero por razón del servicio.
En Tarragona, un agente de la Guardia Urbana cobraba en efectivo determinadas multas, principalmente a conductores extranjeros. En lugar de ingresar después las cantidades, se apropiaba de ellas y ocultaba los boletines de denuncia en su taquilla. El perjuicio acreditado ascendió a 600 euros. Fue condenado por malversación continuada en concurso medial con un delito de infidelidad en la custodia de documentos (SAP Tarragona 521/2024, de 19 de septiembre).
Un supuesto parecido encontramos en los Mossos d’Esquadra. Un cabo destinado en Tráfico de Mataró cobraba sanciones en efectivo a conductores extranjeros. En otras ocasiones retiraba cantidades previamente depositadas en el denominado «búnker» de la comisaría, pero después no las ingresaba en la cuenta oficial. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró acreditada una apropiación total de 1.451 euros y lo condenó por un delito continuado de malversación (SAP Barcelona 31/2021, de 16 de julio).
El esquema vuelve a aparecer, ahora en el ámbito municipal, en Aldeanueva de Ebro. Un agente encargado de recaudar determinadas tasas del mercadillo se apropió de 2.780 euros. Para hacerlo, reflejaba cantidades inferiores a las efectivamente recibidas o directamente omitía algunos pagos. Posteriormente restituyó el dinero y terminó condenado por malversación (SAP La Rioja 125/2022, de 26 de julio).
Más llamativo resulta el caso de una agente de Policía Nacional destinada en un grupo de estupefacientes de La Laguna. En abril de 2016, una actuación policial concluyó con la intervención de 66.725 euros en billetes. El dinero fue contado, precintado y depositado en una caja fuerte. Días después, el sobre apareció rasgado: faltaban 1.900 euros en billetes auténticos, que habían sido sustituidos por reproducciones falsas impresas domésticamente. Fue condenada a dos años de prisión, multa e inhabilitación especial por cinco años (SAP Santa Cruz de Tenerife 49/2021, de 19 de febrero).
Tener acceso legítimo al dinero por razón del cargo no concede ninguna facultad de disposición privada sobre él.
La STS 545/2023, de 5 de julio, confirmó la condena por malversación. Entre los argumentos de la defensa aparecía uno particularmente interesante: aquel dinero no pertenecía al Estado. Precisamente por ello volveremos más adelante sobre este supuesto.
Por ahora basta una primera conclusión: tener acceso legítimo al dinero por razón del cargo no concede ninguna facultad de disposición privada sobre él.
Y precisamente la rutina puede generar una parte del riesgo. Cobrar una sanción, custodiar un sobre o gestionar una pequeña recaudación son actuaciones bastante menos espectaculares que una gran trama de corrupción. La cotidianeidad, sin embargo, no elimina su relevancia penal.
Efectos intervenidos y pertenencias de detenidos: custodiar no es disponer
El segundo grupo de casos afecta a una situación muy habitual en la actividad policial: la custodia de efectos y pertenencias de detenidos.
En Estepona, un policía nacional que prestaba servicio en los calabozos se apropió de un sobre con 500 euros que la madre de un detenido había entregado para incorporarlo a las pertenencias de su hijo. El agente reparó posteriormente el daño y reconoció los hechos. Fue condenado por malversación a seis meses de prisión, multa e inhabilitación especial como policía o agente de la autoridad (SAP Málaga 13/2024, de 15 de mayo).
En la misma localidad encontramos un supuesto todavía más gráfico. Otro policía encargado de la custodia de calabozos se apropió de un reloj OMEGA perteneciente a un detenido y valorado en 6.200 euros. Cuando tuvo conocimiento de que se estaba investigando su desaparición, devolvió el reloj dejándolo en otro lugar de las dependencias policiales.
La devolución tuvo consecuencias jurídicas favorables, pero no hizo desaparecer la conducta previamente realizada (SAP Málaga 14/2022, de 25 de octubre).
En Madrid, un policía nacional destinado en la ODAC de Chamberí y encargado de custodiar efectos intervenidos se apoderó de cuatro iPhone almacenados bajo llave en una caja fuerte y posteriormente los vendió. Los teléfonos estaban tasados en 2.400 euros (SAP Madrid 9/2020, de 14 de enero).
La casuística se amplía en Tenerife. Un guardia civil destinado en la Policía Judicial y posteriormente en un Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga aprovechó la facilidad de acceso a los efectos de la unidad para apropiarse tanto de material asignado al servicio (varios discos duros) como de teléfonos, objetivos fotográficos y otros objetos intervenidos en procedimientos policiales. Algunos fueron vendidos en establecimientos de segunda mano. El perjuicio fue tasado en 1.075 euros (SAP Santa Cruz de Tenerife 308/2021, 29 de julio).
Estos casos plantean, sin embargo, una cuestión jurídica menos evidente.
¿Puede ser patrimonio público algo que pertenece a un particular?
Un teléfono, un reloj, unas joyas o el dinero intervenido a un detenido pueden seguir siendo propiedad de un particular. Entonces, si un policía se apropia de ellos, ¿por qué hablamos de malversación?
La respuesta exige distinguir dos cuestiones: quién es propietario del bien y qué consideración adquiere ese bien a efectos del delito de malversación.
El art. 282 LECrim obliga a la Policía Judicial a recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito que puedan desaparecer y a ponerlos a disposición de la autoridad judicial. El art. 338 LECrim contempla, a su vez, su retención, conservación o depósito. El art. 127 octies CP completa este marco permitiendo la aprehensión o embargo de determinados bienes para asegurar un eventual decomiso.
Desde ese momento sucede algo importante: el destino del bien deja de depender libremente de su titular y, desde luego, del agente que lo ha intervenido. Queda afectado al proceso penal y sometido a una finalidad pública.
La jurisprudencia ha utilizado precisamente esta idea para determinar cuándo determinados caudales o efectos adquieren carácter público a efectos penales. La STS 608/2018, de 29 de noviembre, distingue entre los criterios de incorporación y destino y señala que no resulta imprescindible la propiedad pública si el bien se encuentra dentro del circuito público y afectado a una finalidad determinada.
La incautación puede actuar, así, como acto de adscripción.
La STS 740/2013, de 7 de octubre, resulta especialmente expresiva. En aquel procedimiento, un policía de Marbella se quedó con un reloj valorado en unos 20.000 euros que había sido incautado al cabecilla de una red de narcotráfico. Otro agente se llevó a su domicilio un televisor que se encontraba depositado en comisaría como pieza de convicción.
El Tribunal Supremo consideró innegable el carácter público del reloj por tratarse de un efecto objeto de incautación como consecuencia de una intervención policial. Respecto del televisor, afirmó igualmente que un objeto ocupado dentro de un procedimiento penal queda afecto a las actuaciones judiciales.
La STS 545/2023, de 5 de julio, relativa a los 1.900 euros sustituidos por billetes falsos en La Laguna, recoge esa misma doctrina. El dinero se encontraba bajo disposición de los funcionarios y destinado a incorporarse al procedimiento judicial.
No cambia de dueño. Cambia su situación jurídica.
La idea puede formularse ya de forma sencilla: que un bien siga perteneciendo a un particular no impide necesariamente que quede integrado funcionalmente en el patrimonio público a efectos de la malversación.
No cambia de dueño. Cambia su situación jurídica.
El bien entra en un circuito de custodia pública, queda afectado al proceso penal y la Administración asume responsabilidad respecto de su conservación y destino. Si posteriormente debe ser devuelto y ha desaparecido, la Administración tendrá que responder por aquello que ya no puede restituir. Si termina siendo decomisado, su destino será igualmente decidido dentro del proceso.
Existe, además, un argumento sistemático. El art. 435.3 CP extiende las disposiciones sobre malversación a administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública «aunque pertenezcan a particulares». En los supuestos protagonizados por funcionarios policiales, los tribunales pueden aplicar directamente el art. 432 CP cuando el bien esté a su cargo por razón de sus funciones, pero el art. 435.3 CP confirma que la propiedad privada del objeto no excluye por sí misma la protección propia de la malversación.
También resulta ilustrativa la SAP Zaragoza 175/2023, de 25 de mayo. Durante el traslado de numerosos efectos intervenidos, un mando policial seleccionó determinados objetos, llegó a probar perfumes y prendas y terminó haciendo suyas tres colonias, entre otros efectos cuya desaparición fue investigada. Fue condenado. Otro inspector acusado en el mismo procedimiento, sin embargo, resultó absuelto porque no se acreditó que se hubiera apropiado personalmente de efectos. La resolución vincula precisamente estos bienes con la responsabilidad asumida por la Administración respecto de su custodia.
Hacer pagar al servicio un gasto particular también puede ser malversación
No siempre existe una caja de dinero ni un objeto intervenido.
En Ceuta, un guardia civil adquirió por 110 euros unas barras de aluminio destinadas a su vehículo particular e hizo que el gasto se cargase inicialmente a las cuentas de la unidad. Antes de que el pago llegara a producirse con fondos públicos, reintegró el importe.
La ausencia de un perjuicio patrimonial consumado no excluyó la responsabilidad penal. Fue condenado por malversación en grado de tentativa (SAP Cádiz 44/2021, de 23 de abril).
El caso muestra algo que a veces se pierde de vista: malversar no exige necesariamente introducir físicamente dinero público en el propio bolsillo. También puede existir malversación cuando se intenta trasladar al patrimonio público un gasto exclusivamente particular.
Cuando ya no hablamos de una pequeña oportunidad
En el extremo contrario aparecen supuestos en los que la apropiación deja de ser episódica.
Un sargento de la Guardia Civil era responsable de la Oficina de Gestión Presupuestaria del Servicio de Telecomunicaciones desarrolló, junto con un proveedor, durante años, un sistema basado en facturas que simulaban suministros y reparaciones inexistentes.
Los importes individuales no superaban los 5.000 euros, precisamente para poder utilizar el sistema de anticipos de caja fija y evitar controles administrativos superiores. El perjuicio ascendió a 210.721,41 euros (SAP Madrid 393/2021, de 29 de julio).
Aquí la lógica cambia.
Ya no estamos ante la oportunidad inmediata que ofrece un sobre, un teléfono o unos pocos cientos de euros. Existe planificación, cooperación de un tercero y aprovechamiento consciente del propio procedimiento administrativo para eludir los mecanismos de control.
Los grandes fraudes suelen exigir planificación y una cierta infraestructura. Las pequeñas apropiaciones pueden aparecer en la absoluta cotidianeidad del servicio.
La comparación resulta útil porque recuerda que bajo una misma calificación penal pueden encontrarse fenómenos muy diferentes.
Una cosa es aprovechar una ocasión inmediata. Otra, construir durante años un mecanismo dirigido a obtener sistemáticamente fondos públicos. En supuestos de mayor envergadura, con más intervinientes y un reparto estable de funciones, estos mecanismos pueden incluso plantear su calificación como organización criminal.
Que falte algo no significa que alguien haya malversado
La casuística también obliga a introducir un contrapunto imprescindible.
Una desaparición, una irregularidad o incluso una sospecha fundada no equivalen automáticamente a una condena.
En Tarragona, un cabo de los Mossos d’Esquadra fue acusado de apropiarse de joyas, relojes, teléfonos y otros efectos intervenidos. Durante la investigación se había accedido a un perfil privado de Facebook mediante identidades falsas y sin autorización judicial.
La Audiencia Provincial consideró ilícita aquella actuación y también el material probatorio conectado con ella. Una vez excluidas esas pruebas, no permaneció prueba de cargo suficiente y el acusado fue absuelto (SAP Tarragona 468/2023, de 24 de noviembre).
Murcia ofrece una variante. Una sentencia consideró acreditado que un inspector jefe del Grupo de Estupefacientes se había apropiado de cocaína intervenida bajo su custodia y la había entregado a un confidente para su venta. Esos hechos, sin embargo, recibieron una calificación penal diferente.
La acusación por malversación se refería específicamente a una supuesta apropiación de joyas intervenidas. Respecto de ellas, el tribunal no consideró alcanzado el estándar probatorio necesario y lo absolvió de ese delito (SAP Murcia 5/2024, de 8 de enero).
Los dos casos recuerdan algo elemental, que conviene no perder de vista cuando se examinan resoluciones judiciales: la verdad material no tiene por qué coincidir con la verdad judicial. La condena exige acreditar, mediante prueba suficiente y lícitamente obtenida, que cada acusado realizó la conducta concreta que describe el tipo penal.
¿Por qué arriesgar una carrera por 110, 500 o 600 euros?
Llegados a este punto reaparece la pregunta inicial.
Desde una lógica estrictamente económica, algunos de estos casos son difíciles de comprender. ¿Tiene sentido arriesgar una carrera profesional y ser condenado penalmente por 110 euros? ¿Por 500? ¿Por tres perfumes?
Las sentencias permiten saber qué hechos han considerado probados los tribunales. Lo que no permiten es reconstruir automáticamente la motivación psicológica de cada condenado.
Sí permiten, en cambio, plantear algunas hipótesis criminológicas.
La primera es la oportunidad.
Muchos de los casos presentan un elemento común: el bien se encontraba inmediatamente disponible. Tener la llave, custodiar el sobre, trasladar unas cajas, recaudar dinero o acceder a una dependencia restringida proporciona una oportunidad que no está al alcance de cualquier persona.
La segunda es la posible percepción de un riesgo reducido.
Una cantidad pequeña, un teléfono entre decenas de objetos o unas colonias entre centenares de efectos pueden resultar subjetivamente menos detectables. El valor reducido del bien no disminuye necesariamente la gravedad jurídica de la conducta, pero sí podría influir en la percepción de quien contempla apropiárselo.
La tercera hipótesis tiene que ver con las racionalizaciones.
«Es poco dinero», «nadie lo reclamará», «puedo devolverlo después» o «solo estoy utilizando algo que tengo a mi alcance» son ejemplos de mecanismos mediante los cuales una persona podría neutralizar subjetivamente la gravedad de su comportamiento.
No sabemos si fueron esas concretamente las justificaciones empleadas en estos casos. Pero la neutralización y la racionalización constituyen mecanismos conocidos en la explicación criminológica de determinadas conductas desviadas.
Este plano conecta, además, con una cuestión que he denominado plutofilia motivacional: analizar hasta qué punto la búsqueda de una ventaja económica o material puede actuar como motor de la conducta. Ese «amor a la riqueza» ofrece una explicación plausible del caso de los más de 200.000 euros, con años de planificación y la cooperación de un proveedor. Me resulta, en cambio, difícil situarlo como vector subjetivo en los supuestos de escasa cuantía, donde la oportunidad y la neutralización parecen explicar mejor la conducta. El plano estructural exige otra mirada, sobre la que volveré al final.
Paradójicamente, desde una perspectiva preventiva, quizá estos últimos casos sean particularmente interesantes. Los grandes fraudes suelen exigir planificación y una cierta infraestructura. Las pequeñas apropiaciones pueden aparecer en la absoluta cotidianeidad del servicio.
¿Qué enseñanzas dejan estos casos para la práctica policial?
La primera es que disponibilidad material y disponibilidad jurídica no son lo mismo.
Que un agente tenga acceso legítimo a un bien por razón de su cargo no significa que pueda disponer de él. Parece una obviedad, pero prácticamente toda la casuística examinada gira alrededor de esa frontera.
La segunda afecta a la trazabilidad.
Registrar quién recibe, entrega, traslada, almacena o manipula dinero y efectos intervenidos protege a quienes son titulares de esos bienes, pero también a los propios agentes. Cuando desaparece un objeto, una documentación adecuada permite reconstruir qué ocurrió y delimitar responsabilidades.
Además, la percepción de un control más riguroso incide directamente sobre la oportunidad delictiva percibida.
La tercera es que la restitución posterior no borra la conducta realizada.
Devolver un reloj, reintegrar una cantidad o reparar el perjuicio puede producir efectos jurídicos favorables. El art. 434 CP permite rebajar la pena en uno o dos grados a quien repare de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado o colabore activamente en el esclarecimiento de los hechos, y el art. 21 CP contempla, además, las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Eso no significa que el comportamiento anterior deje automáticamente de tener relevancia penal.
Conviene advertir, sin embargo, una asimetría. Con perjuicios de 500 o 2.780 euros, la reparación íntegra está al alcance casi de cualquiera; con 210.721,41 euros, depende de la capacidad económica de quien deba afrontarla. Que el acceso a una rebaja de pena tan intensa pueda, en la práctica, comprarse es uno de los puntos en los que he situado la permeabilidad del art. 434 CP a la plutofilia penal.
Y existe todavía una última enseñanza, quizá menos jurídica pero más inmediata.
Volvamos a las cifras con las que empezábamos: 110 euros; 500 euros; 600 euros. Tres perfumes.
Frente a ellas aparecen una investigación penal, una condena, penas de prisión, multa e inhabilitación y unas consecuencias profesionales que pueden acompañar al condenado durante años.
A veces la enseñanza más clara de una sentencia no está en la complejidad de su fundamentación jurídica, sino en una pregunta bastante más sencilla:
¿Realmente merece la pena?




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